La Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú (FTCCP), la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI Perú) solicitaron al Ejecutivo el reinicio de las obras de construcción, tanto de edificaciones como de infraestructura, en el marco de un estricto cumplimento de los protocolos sanitarios.
En una teleconferencia, el presidente del Consejo Directivo de Capeco, Humberto Martínez informó que hay más de 4,000 obras públicas por S/ 15,000 millones paralizadas, al igual que S/ 26,000 millones en inversiones privadas, incluyendo 1,900 proyectos de vivienda que significan 30,000 unidades habitacionales nuevas.
También informó que el sector ya hizo llegar a las autoridades un Protocolo de Seguridad Sanitaria que regule específicamente los requisitos de prevención contra el COVID-19, con el fin de garantizar condiciones adecuadas que reduzcan el riesgo de exposición al virus en obras y espacios laborales donde se realizan actividades de construcción.
El representante del gremio de los empresarios de la construcción aseguró que este sector es el más afectado por la paralización de las actividades económicas, con una caída del 14% en el primer trimestre del año y 70% en el segundo trimestre. Sin olvidar, que hay miles de obreros desempleados por la paralización.
Para Capeco, ADI y ASEI los programas de vivienda son claves para una estrategia contracíclica, frente a las dificultades en la ejecución de obras públicas. Por ello, sugieren generar incentivos especiales para que los hogares demandantes recuperen confianza y sean protegidos de eventuales reducciones de ingresos. Además, consideran necesario asegurar recursos que permitan generar continuidad de desembolsos de subsidios y créditos por lo menos para los siguientes dos años.
Entre los incentivos para la construcción de vivienda social, los gremios sugirieron reducir la cuota inicial a 5%, mediante el uso parcial del mayor subsidio del Bono del Buen Pagador. También crear un seguro de desempleo para quienes tomen créditos Mivivienda hasta el 31 de diciembre de 2021, aumentando a 100% la Cobertura de Riesgo que otorga el Fondo Mivivienda a las instituciones financieras intermediarias (IFIs). Igualmente, reiniciar obras de construcción en sitio propio para beneficiar a casi 38,000 familias y 700 pymes constructoras, previa aprobación de protocolo ad hoc, entre otros.
Afirman que también se requiere asegurar la continuidad de proyectos habitacionales exigiendo a las municipalidades celeridad de trámites y horarios especiales para ejecución de obras; así como postergar los nuevos requisitos que deben cumplir los proyectos de vivienda para acceder a los beneficios del Bono Verde hasta el 31 de diciembre de 2020.
Para los representantes del sector, es importante que se resuelvan los conflictos entre el Ministerio de Vivienda y municipalidades sobre el Reglamento de Construcción Especial, que ha llegado al extremo de anular obras. De igual forma, piden que se facilite el otorgamiento de factibilidades de agua y desagüe. “En Lima hay más de 51 proyectos detenidos por un valor inmobiliario de US$ 1,000 millones”, afirmó Martínez.
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