Por: MSc. Arq. Gerardo Regalado R.
La desigualdad humana, según Charles Tilly (2000) se expresa en una distribución inequitativa de ciertas características constitutivas entre grupos sociales, individuos, territorios, instituciones, etc… De una manera más social, parafraseando al Dr. Sinesio López (2012), de una repartición desigual de gastos versus rentabilidad, es decir, una asignación dispar de la riqueza, recursos o bienes.
La desigualdad urbana permanente, entonces se definiría como una distribución inequitativa de los recursos urbanos, es decir, de vivienda, equipamientos de primer nivel de atención y de infraestructura de servicios básicos.
No obstante, los entes encargados de la planificación territorial y urbana, llámese gobiernos regionales, metropolitanos y distritales, consiguen vía transferencia del gobierno central, mediante convenios de asistencia técnico-económica, los recursos financieros para elaborar planes de acondicionamiento territorial, planes metropolitanos o planes urbanos, como lo estipulan el D.S. 022-2016-VIVIENDA o la Ley 31313 de Desarrollo Urbano Sostenible, y que se formulan con el objetivo principal de reducir la brecha de los diferentes recursos urbanos en las diferentes escalas de planificación y planeamiento, pero solo se quedan en el “papel” engavetado en el escritorio de algún funcionario o en el peor de los casos, a pesar de las diversas audiencias públicas, talleres temáticos, consultas ciudadanas y con luz verde de las comisiones de planeamiento, pendientes de su aprobación, como es el caso de el PLANMET 2040 para Lima Metropolitana o el PLANDEMET del Callao al 2040.
La desigualdad urbana permanente se constituye a partir de relaciones sociales que se institucionalizan y se desplazan (López, 2012), los gobiernos ediles incrementan esa desigualdad acrecentando aún más la escisión, la brecha, la distancia entre los beneficiados y los olvidados, se acrecienta, se “institucionaliza” y se vincula a mecanismos y relaciones de poder.
Esta desigualdad urbana permanente, es de tipo categorial. Charles Tilly (2000) explica que el concepto de “categoría” consiste en un grupo de actores que se caracterizan por ostentar un límite determinado, que los diferencia de otro grupo de actores que se encuentran fuera de esos límites, son segregados, excluidos por esa delimitación y persiste a través del tiempo.
Por lo tanto, la desigualdad urbana permanente es un escenario que está definido por diferencias categoriales (Tilly, 2000), que describe claramente a disímiles “grupos urbícolas”, diferentes “calidades” de urbanitas, cuyas cualidades son diferenciadoras y diferenciantes, que se sostienen en el tiempo de forma inexorable y son parte constitutiva del fenómeno de la urbanización y el crecimiento urbano, sea cual sea su configuración y nivel de desarrollo.
Por ejemplo, son desigualdades urbanas permanentes del tipo categorial, aquellos binomios que expresan una disímil redistribución de los recursos urbanos, tales como: urbanización formal/urbanización informal, economías urbanas/deseconomías urbanas, movilidad sostenible/movilidad insostenible, comercio formal/ comercio informal, capacidad de soporte/incapacidad de soporte, vivienda precaria/vivienda habitable, condiciones de habitabilidad/ condiciones de inhabitabilidad, accesibilidad urbana/inaccesibilidad urbana, habilitación urbana/habilitación urbana informal, accesibilidad a terrenos urbanos/invasión de terrenos eriazos, planificación urbana/ crecimiento urbano descontrolado, etc.
Estas diferencias categoriales diferenciantes y diferenciadoras definen las brechas que todo instrumento de gestión del territorio debe abordar, desde el campo de las políticas urbanas, estrategias, programas y proyectos, y que efectivamente han sido abordados convenientemente, tanto en los planes de Reconstrucción con Cambios, como en los planes de desarrollo urbano y metropolitano, pero ha faltado la aprobación, implementación y monitoreo de los mismos, por falta de recursos financieros, técnicos y sobre todo, voluntad política.
Sin embargo, se acercan las elecciones municipales, proceso que nos permitirán renovar autoridades ediles para una nueva gestión por cuatro años más: en 1694 distritos, 196 provincias y 25 regiones (ONPE, 2022), 2 de ellas, Lima y Callao, provincias con “regímenes especiales” y competencias de gobierno regional, y que, desde la óptica de los candidatos, solo preocupa el porcentaje de aceptación de la encuesta, y desde la “visión miope” del elector, la ilusión y esperanza que esta elección resolverá “problemas” que muchos de ellos, no son competencia municipal, en estricto rigor y ejercicio de la ley Orgánica de Municipalidades.
Una lección que aprendimos en las “audiencias públicas” de los Planes Urbanos de Desarrollo Interdistritales de las “Limas” (Norte, Centro, Este, Sur y Balnearios), es que la inmensa mayoría de ciudadanos que residen en Lima Metropolitana no tiene una idea clara para que sirve un plan urbano, sus escalas, injerencias, posibilidades y potencialidades, solo se limitan a señalar aspectos de su “cotidianidad”, de la forma de vida urbana que los define como urbanitas.
Por lo tanto, no tenemos una representación objetiva y veraz de la “opinión pública”, tanto en el campo urbano, como en la política en general y en toda sus esferas de actuación. Bourdieu (1972) expresaba que, “la opinión pública no existe”, esto supone, en el campo urbano tres postulados o premisas previas: “que todo los urbícolas pueden o deben de tener una posición en cuanto a los problemas urbanos”; que “todas las opiniones sobre la coyuntura urbana tienen un mismo peso” y finalmente, que “el hecho de interrogar a los encuestados con la misma pregunta se advierte a priori que hay un consenso sobre las interrogantes a formular y plantear”.
La encuesta de opinión pública, en Lima y en el Perú, se ha convertido en un instrumento, una herramienta para ejercer un comportamiento político y que su función más importante es la de imponer y someter a la ciudadanía a que una “simple sumatoria” de pareceres individuales expresa la voluntad de las mayorías y una problemática específica (Bourdieu, 1972).
Simplemente, la encuesta de opinión pública, en la esfera de las políticas urbanas, es el “Caballo de Troya” de los agentes dominantes, que muestra una estructura de fuerzas, de posturas en tensión, cuyo objetivo principal es construir una coyuntura urbana “especial”, amplificada y favorable a los intereses de los grandes urbanizadores y traficantes de terrenos, que promueven los cambios de zonificación específicos en áreas de la ciudad con mayor potencial de renta diferencial.
La encuesta de opinión pública, como expresaría Bourdieu (1972), suele convertir respuestas de índole ético en respuestas de orden y naturaleza política, implantando una “problemática urbana” relacionada directamente con los grupos de poder, cubriendo con el manto de la política una coyuntura que claramente va a devenir en una crisis, cuyos únicos beneficiarios serán aquellos “mercaderes” que usufructúan el suelo urbano y que acentuará aún más la desigualdad urbana permanente.
La solución para reflejar efectivamente una democracia participativa y representativa en el campo de las políticas urbanas y abordar convenientemente la desigualdad urbana permanente, es en un primer momento, la educación de la población en cuanto a los procesos de planificación urbana y territorial, sus componentes y escalas, mejorando efectivamente su opinión sustentada sobre la coyuntura urbana. En un segundo momento, asumir una voluntad política para llevar a cabo la aprobación, implementación y monitoreo de los diversos planes urbanos y territorial formulados a la fecha, pensando en el interés de la mayoría por encima de los grandes urbanizadores, en sintonía con las empresas prestadoras de servicios de agua, alcantarillado, luz y gas, y en la convocatoria de los técnicos más idóneos y en tercer lugar, asegurar la consecución y actualización de la normativa territorial y urbana tomando en cuenta aspectos de nuestra multidiversidad cultural y ambiental, en sintonía con el desarrollo urbano sostenible.
