Durante los primeros nueve meses del 2023, la Contraloría General ha identificado, como resultado de los servicios de control posterior, presunta responsabilidad administrativa, civil y penal en 3,969 funcionarios públicos involucrados en irregularidades cometidas en diversas entidades públicas en todo el país, informó el contralor general, Nelson Shack, durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso para presentar su informe de gestión institucional y otros temas.
“Tenemos que más de 1,800 funcionarios pertenecen al Gobierno Nacional, más de 600 corresponden a instancias de Gobierno Regional y más de 1,400 son de gobiernos locales. Este número va a crecer significativamente en los próximos tres meses de año y es que se realizará, esencialmente, el control posterior”, comentó,
Shack Yalta también se refirió al costo de la corrupción en el Perú y manifestó que la cifra está bajando de manera interanual, pero advirtió que el problema es que está bajando a un ritmo muy lento. “En términos de incidencia vemos que en el 2019 teníamos un 14.9% hasta 13.4% en el 2022, mientras que en términos del Producto Bruto Interno (PBI) ha bajado de 3% en 2019 a 2.6% en 2022”, acotó.
En ese sentido, subrayó que “empíricamente” la corrupción está bajando en el Perú, lo cual refleja esencialmente el avance significativo en la detección de estos casos por parte de la Contraloría, pero lo que falta es la sanción.
“Quien sanciona en la sociedad es el sistema de justicia, es el trabajo de la Procuraduría, Fiscalía y el Poder Judicial, hasta que no se resuelva eso entonces obviamente no habrá sanción. El año pasado la Contraloría imputó responsabilidades administrativas, civiles y penales a más de 8700 funcionarios públicos y hasta setiembre ninguno ha sido sancionado porque todos los procesos demoran muchísimo”, puntualizó.
Durante su presentación, mencionó que este año se espera concretar más de 45 mil servicios de control, pero enfatizó que se necesita fortalecer más las capacidades de los gestores públicos para que puedan reaccionar con mayor rapidez ante las alertas que emite la Contraloría a través de los servicios de control simultáneo que suman 30 351 al 30 de setiembre.
“El 24% de las 53,131 alertas que se emitieron al 30 de setiembre se han corregido, lo cual está bien, pero tenemos casi otra cuarta parte (24%) que no se han corregido y eso va a generar (el próximo año) la información necesaria para el deslinde de responsabilidades a través del control posterior”, acotó.
Recordó que la Contraloría General es un eslabón en toda la cadena de lucha contra la corrupción y si bien hay mejoras en la labor de control, esos efectos se verán reducidos si no hay una sanción efectiva.
