Cada año, los desarrolladores inmobiliarios aportan al mercado peruano 40,000 viviendas formales, que benefician a 200,000 personas con un hogar digno y con acceso al servicio de agua potable, afirmó Richard Acosta, gerente de Obras Generales de Los Portales.
“En términos de acceso al agua, esta cifra es significativa, sobre todo si tomamos en cuenta que todos los años la zona urbana del país crece en 500,000 personas”, dijo el ejecutivo en el marco del evento Expo Real Estate Perú 2024.
Acosta afirmó que la cifra de crecimiento poblacional confirma que los sectores público y privado no solo deben enfocarse en cerrar la brecha existente de vivienda, sino que se tiene que apuntar a que la evolución de la densidad poblacional “no agrande esa brecha”.
Dijo que la labor que realizan los desarrolladores inmobiliarios es trascendental para alcanzar ese objetivo, lo que -a su vez- se traduce en un mayor acceso de la población a servicios básicos. “Ese es el principal aporte del sector inmobiliario formal, y por eso es importante la relación que existe entre el acceso al agua y la vivienda formal”, manifestó.
El funcionario consideró que el foco de las autoridades debe centrarse en esa labor, sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad 3.5 millones de peruanos no tienen acceso a agua. Señaló que se trata de un escenario restrictivo, en el que “tenemos que generar vivienda formal con acceso a servicios”.
De otro lado, el ejecutivo cuestionó la propuesta de reglamento de la Ley Marco del Acceso Universal al Agua, que ha sido puesto en consulta por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). Señaló que, en su exposición de motivos, el reglamento condiciona la entrega del Certificado de Factibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento a que los proyectos se encuentren “dentro de suelo urbanizable”.
“Esto significa que si el reglamento finalmente queda aprobado tal como está, cuando un desarrollador inmobiliario vaya a pedir una factibilidad de servicio, lo primero que nos van a pedir es que el terreno sea urbanizable y esté dentro del Plan de Desarrollo Metropolitano, y que esté aprobado y vigente”, precisó. En ese contexto, consideró que este requisito “va a restringir seriamente el desarrollo inmobiliario en el país, tanto de edificaciones como de lotes de servicios, o de vivienda social”.
