La Contraloría General de la República evidenció un perjuicio económico por S/ 7.2 millones en el Gobierno Regional (Gore) de Áncash debido a deficiencias y pagos irregulares en la obra de mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe en el barrio de Nueva Florida, ubicado en el distrito de Independencia, provincia de Huaraz. Catorce exfuncionarios y servidores públicos tendrían presunta responsabilidad penal y/o administrativa.
La obra, a cargo de la entidad regional, empezó en diciembre del 2018 con una inversión aproximada de S/ 11.4 millones. El proyectó contempló la construcción de puntos de captación de agua, líneas de conducción, una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), un reservorio, redes de distribución, conexiones domiciliarias de agua y alcantarillado, así como una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), entre otros componentes.
A través del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 056-2024-2-5332, se reveló que en el 2017 el Gobierno Regional de Áncash aprobó el expediente técnico de la mencionada obra a pesar de que no reunía las condiciones técnicas para su ejecución, ya que no contaba con la factibilidad de los servicios de agua y alcantarillado, la libre disponibilidad de terrenos y la autorización del Ministerio de Transporte y Comunicaciones para hacer uso de la red vial nacional.
El expediente técnico presentaba actividades y partidas con metrados y montos que carecían de sustento y un sobredimensionamiento en la estructura proyectada para el reservorio, aspectos que incrementaron el costo de la obra en S/ 1.7 millones. A pesar de ello, licitaron el proyecto y otorgaron la buena pro a una empresa que no acreditó el cumplimiento de los requisitos de calificación.
Fue así que en diciembre del 2018 la entidad regional autorizó el inicio de la obra; no obstante, se carecía de la libre disponibilidad de los terrenos para la ejecución de estructuras principales, como la planta de tratamiento de agua potable y el reservorio, cuya edificación fue hecha sobre terrenos privados.
Asimismo, se realizaron los trabajos de red colectora sin contar la autorización de la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Chavín, ni con el terreno para construir la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).
Posteriormente, modificaron el trazo de un tramo sin realizar el procedimiento establecido en la normativa de las contrataciones y pagaron por partidas no ejecutadas y/o realizadas de manera deficiente. Además, aprobaron deducir la PTAR cuando es un componente indispensable en el sistema de saneamiento, por lo que las aguas servidas provenientes del barrio de Nueva Florida no serán tratadas.
Durante su ejecución la obra experimentó tres paralizaciones, la última de ellas se registró en diciembre del 2022 debido a que no se contaba con las autorizaciones de la Municipalidad Distrital de Independencia y la EPS Chavín para realizar trabajos de excavación y reposición de concreto, así como empalmes de buzones, respectivamente.
Estos hechos evidenciaron que la inversión realizada no solucionó el problema social que justificó la ejecución de la obra, puesto que no garantiza su funcionamiento en perjuicio de los más de 2,888 habitantes del barrio de Nueva Florida, quienes ven postergado el mejoramiento de su calidad de vida.
