Desde el martes 22 de abril, entró en vigencia la Ley Nº 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, junto con la puesta en marcha del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), reemplazando al anterior OSCE.
Durante la conferencia de prensa de presentación, Mirtha Rázuri Alpiste, presidenta ejecutiva del OECE, destacó que el organismo no solo supervisará, sino que también acompañará y asistirá técnicamente a las entidades contratantes en la aplicación de la norma, fortaleciendo así la correcta ejecución de los procesos de contratación.
La creación del OECE tiene como finalidad optimizar el proceso de contrataciones del Estado, reforzar la asistencia técnica a las entidades, y garantizar que los recursos públicos se administren con transparencia y eficacia. Entre los beneficios de esta nueva etapa destacan la mejora en la supervisión, la reducción de plazos administrativos, y la implementación de mecanismos más sólidos para prevenir riesgos de corrupción y promover la calidad en los servicios y obras públicas.
Uno de los avances más relevantes es la capacidad del OECE para suspender procesos de contratación en caso de riesgos o transgresiones que comprometan la finalidad pública. Además, se continuará impulsando la profesionalización del personal logístico, contando ya con más de 20,000 especialistas certificados y más de 10,000 exámenes de certificación realizados solo en lo que va del año.
En el ámbito de los mecanismos de resolución de controversias, Rázuri señaló que el OECE dejará de designar árbitros y administrar arbitrajes directamente. En adelante, su rol se enfocará en supervisar a las instituciones arbitrales y a las juntas de prevención y resolución de disputas, a través del nuevo Registro REGAJU. Este año se proyecta registrar unas 70 instituciones arbitrales y 35 juntas, consolidando así un entorno más transparente y profesionalizado.
En cuanto al Tribunal de Contrataciones Públicas, se anunció su reestructuración bajo un modelo que divide el proceso en fases instructiva y sancionadora, con nueve salas y tres secretarías técnicas, reduciendo los plazos de resolución de 12 a 10 días hábiles para mayor eficiencia.
La modernización también alcanza los sistemas de soporte como el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), que será actualizado integralmente, y el Registro Nacional de Proveedores (RNP), que ya cuenta con más de 1.8 millones de proveedores habilitados.
Durante el evento, la viceministra de Economía, Denisse Miralles, junto a Wilson Vara Mallqui (director general de Abastecimiento), Mirtha Rázuri (presidenta del OECE) y Jorge Zapata Gallo (jefe de PERÚ COMPRAS), reafirmaron la coordinación estratégica entre la DGA, el OECE y PERÚ COMPRAS para la implementación efectiva de la nueva normativa, destacando la importancia de las compras sostenibles, el valor por dinero y los contratos estandarizados como parte de esta transformación.
