Con el objetivo de agilizar la gestión de predios estatales y brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) publicó el proyecto de Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley N° 29151. Esta propuesta normativa, oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 159-2025-VIVIENDA, permitirá fortalecer el Sistema Nacional de Bienes Estatales (SNBE) y facilitar la ejecución de proyectos de inversión privada declarados de interés nacional, nacional o de alcance nacional.
La modificación propuesta incorpora y ajusta diversos artículos del reglamento vigente con el propósito de modernizar los procedimientos vinculados a la administración de predios estatales. Entre los cambios más relevantes se incluye la regulación de la anotación registral de infracciones, el procedimiento para que la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) asuma de oficio la titularidad de predios, y el establecimiento de criterios más claros para su intervención en terrenos relacionados con inversiones estratégicas.
La iniciativa también contempla ajustes normativos para mejorar la defensa, el saneamiento físico legal y el otorgamiento de derechos sobre predios estatales. Asimismo, se habilita a las empresas prestadoras de servicios de agua potable y saneamiento con accionariado estatal o municipal, así como a otras empresas estatales de derecho privado, a realizar el procedimiento especial de saneamiento, lo que permitirá dotar de seguridad jurídica a sus inversiones y contribuir al desarrollo del país.
Adicionalmente, se proponen modificaciones a plazos y requisitos en trámites como la afectación en uso, cesión en uso, usufructo, comodato, transferencia y compraventa de predios estatales, con el fin de hacerlos más eficientes y adaptados a las necesidades actuales.
El proyecto y su exposición de motivos se encuentran disponibles para consulta pública en los portales institucionales del MVCS (www.gob.pe/vivienda) y la SBN (www.gob.pe/sbn). La ciudadanía, especialistas y entidades públicas y privadas podrán enviar sus comentarios y sugerencias durante un plazo de quince días calendario, contados desde el día siguiente de su publicación oficial.
