La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 4.9 millones en la ejecución del proyecto de agua y desagüe en cinco caseríos de la provincia de Huamalíes, en Huánuco. La obra, a cargo de la Municipalidad Provincial, fue liquidada en 2018, pero los servicios no funcionan y los pobladores siguen consumiendo agua no potable y utilizando letrinas precarias.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 021-2025-2-0400-AC el proyecto se ejecutó sin respetar las especificaciones técnicas. A pesar de ello, los funcionarios ediles lo recibieron y liquidaron sin aplicar penalidades ni realizar observaciones. Entre los principales problemas detectados, se halló que las captaciones de agua fueron mal construidas, ya que están ubicadas por encima de la fuente, lo que impide una captación adecuada. Tampoco se instalaron válvulas de aire en las redes de conducción, lo que dificulta que el agua llegue a los reservorios y viviendas. Las tuberías, además, fueron colocadas sin seguir el expediente técnico, con tramos expuestos o mal enterrados, sin la base de arena y tierra cernida que garantiza estabilidad. Esto ha provocado un deterioro prematuro de la infraestructura.
Los sistemas de cloración por goteo tampoco funcionan. No se colocaron las abrazaderas ni las válvulas de control, y las tuberías no están empotradas a los muros de los reservorios, aunque estos trabajos fueron pagados como si estuvieran completos. También se evidenciaron deficiencias en los cercos de protección de las captaciones y reservorios, que fueron instalados sin bases de concreto, solo sobre terreno natural. En cuanto a los servicios higiénicos, las estructuras fueron construidas sin el refuerzo de columnas señalado en los planos, y las unidades de disposición de excretas están mal instaladas. Muchos de estos baños no funcionan y son usados actualmente como depósitos.
Desde su recepción, el proyecto no ha cumplido su finalidad pública. La inacción de los funcionarios, que no aplicaron sanciones ni exigieron correcciones, permitió que se pagaran partidas incompletas o deficientemente ejecutadas, generando un perjuicio equivalente al monto total de la inversión. La Contraloría ha determinado presunta responsabilidad penal y/o administrativa en siete exservidores públicos, y ha recomendado a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones legales correspondientes contra los responsables.
