Durante el 2025, la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) aplicó 336 sanciones a 46 de las 50 empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) del país, así como a gerentes y directores, en el marco de su función de supervisión y control del sector. Las medidas incluyeron multas, amonestaciones y órdenes de remoción, con el objetivo de corregir incumplimientos que afectan la calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado.
Del total de sanciones, 221 correspondieron a multas que sumaron 3,095 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/ 16.5 millones. Además, se impusieron 112 amonestaciones escritas y tres órdenes de remoción del cargo, estas últimas dirigidas a dos gerentes de línea de Emapat S. A. (Madre de Dios) y a un director de Emsapuno S. A., en el marco de la supervisión del buen gobierno corporativo.
El 59.5% de las sanciones se originó en el incumplimiento de medidas correctivas previamente dispuestas por el regulador, mientras que el 14% respondió al incumplimiento de metas de gestión vinculadas al acceso y mejora de los servicios. Antes de iniciar un procedimiento sancionador, la Sunass impone medidas correctivas de carácter preventivo; en 2025 se dictaron 851 de estas medidas. Sin embargo, de las 837 evaluadas —que comprenden disposiciones emitidas en años anteriores y en el propio 2025— solo el 55% fue implementado.
En el caso de la empresa que opera en Lima Metropolitana y el Callao, el regulador aplicó 19 sanciones durante el año: nueve amonestaciones y diez multas que totalizaron aproximadamente 1,343.8 UIT, equivalentes a S/ 7.1 millones. Trece de estas sanciones se vincularon al incumplimiento de medidas correctivas en materias comerciales, operativas y de gestión de fondos; tres a infracciones relacionadas con Valores Máximos Admisibles (VMA) en descargas de aguas residuales; dos al desembolso y uso de fondos de inversión; y una al incumplimiento de metas de gestión y de uso de aguas subterráneas.
Las multas impuestas por la Sunass no constituyen ingresos para la entidad, sino que son abonadas directamente al fisco. La potestad sancionadora del regulador busca disuadir conductas infractoras y reducir riesgos que puedan afectar la continuidad, calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento.
