El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Gobierno cuenta con mecanismos que permitirían reorientar cerca de S/ 3,000 millones para financiar acciones de preparación y respuesta frente al fenómeno El Niño (FEN). Los recursos provendrían de la aplicación de la Ley N.° 32732, que autoriza la reasignación de partidas no comprometidas y el uso de financiamiento contingente para atender emergencias.
La norma permite a las entidades de los tres niveles de gobierno reorientar los recursos que no se encuentren comprometidos al 30 de julio, priorizando intervenciones frente al FEN y acciones de seguridad ciudadana. Según las estimaciones del MEF, este mecanismo permitiría reasignar alrededor de S/ 2,700 millones, a los que se sumarían hasta S/ 300 millones provenientes de financiamiento contingente para cubrir gastos de preparación y respuesta.
El ministerio precisó además que el país dispone de créditos contingentes por más de US$ 2,000 millones, lo que fortalece la capacidad financiera para responder ante emergencias de mayor magnitud.
El MEF señaló que la próxima administración recibirá una economía con espacio fiscal para atender las principales prioridades nacionales. Entre enero y mayo de 2026, el producto bruto interno (PBI) creció 3.2% y acumuló 26 meses consecutivos de expansión. Asimismo, durante el primer semestre, la recaudación tributaria aumentó 13.1%, la inversión pública creció 7.9% y, al cierre de junio, el déficit fiscal se redujo a 1.3% del PBI, por debajo de la meta de 1.8% prevista para este año y de la meta de 1.4% establecida para 2027.
Como parte de las acciones de preparación, el ministerio también elaboró la Guía para el abastecimiento en situación de emergencia, documento que orienta a los gobiernos regionales, municipalidades y demás entidades públicas sobre los procedimientos para actuar antes, durante y después de una emergencia.
Con estos recursos, las líneas de financiamiento contingente y las herramientas técnicas disponibles, el MEF indicó que el próximo gobierno contará con mejores condiciones para priorizar intervenciones y responder al fenómeno El Niño y otras emergencias, preservando la sostenibilidad de las finanzas públicas.
