La Contraloría General de la República remitió un proyecto de decreto de urgencia al Poder ejecutivo, con la finalidad de aplicar un régimen excepcional que permita culminar las obras que se encuentran paralizadas en todo el país, especialmente en sectores de relevancia como salud, educación y saneamiento.
El proyecto fue remitido al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para su revisión y aprobación. Dicha iniciativa recoge un proyecto legislativo presentado al Congreso de la República el pasado 7 de marzo. Según el contralor general, Nelson Shack, la propuesta busca impulsar el crecimiento económico.
Según detalló, entre las medidas que plantea el proyecto se encuentra la expansión del modelo de control concurrente a todo tipo de contratos a nivel nacional, a fin de garantizar que los recursos públicos sean ejecutados en cumplimiento de las normas, y asegurando que los funcionarios actúen de forma correcta.
“Los ciudadanos están cansados de ver cómo sus regiones y municipios se llenan de elefantes blancos mientras las crecientes necesidades de obras y servicios básicos se dejan sin atención”, dijo el contralor.
La iniciativa busca también elevar el estándar de transparencia en los procesos de arbitraje, obligando a los árbitros a presentar una declaración jurada de conflictos de intereses. Además, se prohibirá que las instituciones arbitrales apliquen procedimientos de ratificación, lo que favorecerá los intereses del Estado.
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