La Contraloría General de la República presentó recientemente el estudio “Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú” que hace una aproximación cuantitativa a partir del perjuicio económico detectado en informes de control posterior emitidos a nivel nacional el 2019, que fue extrapolado (calculado) al universo del gasto total ejecutado por el Estado en dicho año.
El estudio revela que el año pasado el país perdió más de S/ 23 mil millones como consecuencia de la corrupción y la inconducta funcional, que se concentra principalmente en la ejecución presupuestal de los sectores Transportes y Comunicaciones, Salud y Educación.
Por nivel de gobierno, el mayor perjuicio económico se registraría en Lima (S/ 10,359 millones), seguido inmediatamente por el Callao (S/ 1,132 millones). Asimismo, por nivel de gasto, el mayor perjuicio se registra a nivel del gobierno nacional, con S/ 13,670´737,714 (debido a que concentra más presupuesto público), mientras que el perjuicio a nivel subnacional es de S/ 9,626´298,968.
De acuerdo al estudio “Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú”, los sectores donde se registraron las mayores pérdidas por corrupción habrían ocurrido en los sectores de Transportes y Comunicaciones (25%), Salud (16.2%), Educación (15.6%), respecto de la ejecución presupuestal 2019 que ascendió a más de S/ 156 mil millones.
“Este cálculo, producto de una extrapolación, es un punto de partida debido a que no es posible conocer exactamente las pérdidas generadas porque la corrupción no tiene un registro o contabilidad, es una actividad clandestina, por lo cual lo que se hace es dimensionarlo para conocer su magnitud y de esa manera tomar decisiones”, explicó el contralor general Nelson Shack quien presentó el citado estudio y adelantó que en el mes de octubre se realizará un megaoperativo de control en el Callao y se extenderá paulatinamente regiones mencionadas.
A fin de contribuir a solucionar este problema en la administración pública, que se concentra principalmente en la ejecución de obras públicas, el contralor general solicitó al Congreso de la República que priorice el debate respecto a las medidas para romper el triángulo colusorio existente entre los funcionarios públicos, los contratistas y los supervisores. Asimismo, señaló que se necesita una profunda reforma política y del sistema de justicia.
