La Cámara Peruana de la Construcción – CAPECO, el Colegio de Arquitectos del Perú – CAP, la Asociación Peruana de Estudios de Arquitectura – AEA, la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP, la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú – ADIPerú, la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú – ASEI y la Asociación Peruana de Agentes Inmobiliarios – ASPAI expresaron su oposición a la ley recientemente aprobada por el Congreso de la República y que dispone la ampliación de los plazos para la titulación de terrenos ocupados por posesiones informales.
“Esta ley es la más reciente expresión de una política de regularización de invasiones de tierras que el Estado peruano ha llevado adelante desde hace seis décadas y que ha fracasado como generadora de bienestar en la población más pobre del país” resaltaron en un comunicado conjunto dirigido al presidente de la República, al Congreso Nacional y a la ciudadanía en general.
Los gremios afirman que dicha política de regularización tiene graves consecuencias pues impiden la provisión oportuna y económica de servicios básicos; dificultan la conexión vial y la articulación de la ciudad, producen escasez de espacios públicos y áreas verdes; propician la segregación espacial; incrementan la contaminación ambiental y constituyen el caldo de cultivo para la violencia y la inseguridad ciudadana. Además, indican que la prevalencia de estas actividades en nuestro país pone en grave peligro la institucionalidad democrática e incentiva la corrupción.
En todo caso, los representantes del sector, exige cuando menos:
- Promover la planificación urbano-territorial, el sistema de catastros y la provisión de suelo formal, tanto público como privado, para la producción de vivienda social y equipamentos urbanos
- Articular las inversiones en infraestructuras y servicios públicos con los objetivos de desarrollo urbano formal y de generación de oferta de vivienda, especialmente de aquella dirigida a la población de menores ingresos
- Impulsar el perfeccionamiento de los procedimientos administrativos de urbanización y edificación; así como la coordinación de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, buscando promover la calidad y la seguridad de las construcciones
- Fortalecer los programas estatales y créditos habitacionales, dotándolas de recursos suficientes para atender de manera efectiva el déficit actual y la demanda futura de vivienda social
- Implementar una política de innovación e investigación en la actividad constructora, que estimule el empleo de tecnologías que permitan contar con edificaciones e infraestructuras apropiadas en términos económicos, sociales y ambientales
- Incentivar la formalización laboral, el fortalecimiento de la representación sindical y la mejora continua de competencias de empresas, profesionales y trabajadores de la construcción
Llevar adelante una estrategia de esta magnitud y complejidad exige el consenso de actores públicos y privados, así como la asunción de compromisos de largo plazo. Pero es indispensable que estos esfuerzos se inicien lo más pronto posible. “Nos comprometemos a participar en este diálogo y a efectuar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar el consenso que haga viable estas iniciativas”, concluyeron.
