La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 1.2 millones en la ejecución de obras de mejoramiento en cuatro instituciones educativas de la provincia de Tocache. Asimismo, determinó la presunta responsabilidad penal de tres exfuncionarios del Gobierno Regional de San Martín por presuntas irregularidades en la gestión del proyecto.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 023-2024-2-5351-AC, los exservidores tramitaron y aprobaron ampliaciones de plazo sin contar con el sustento técnico adecuado para la ejecución de las obras en los colegios de las localidades de Nueva Esperanza, Nuevo Bambamarca, Puerto Pizana y San Miguel, pertenecientes a la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Tocache.
Además, se otorgó conformidad para el pago del cerco perimétrico de la Institución Educativa N° 469, pese a que este no cumplía con las dimensiones establecidas en los planos del expediente técnico, lo que ocasionó su colapso.
El perjuicio económico al Gobierno Regional de San Martín asciende a S/ 1´230,721, de los cuales S/ 1´190, 568 corresponden a la inaplicación de penalidades por atraso injustificado de la obra y S/ 40,152 derivan del colapso del cerco perimétrico debido a que no cumplía con las especificaciones técnicas establecidas.
En su informe de control posterior, la Contraloría General recomendó a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales correspondientes contra los exservidores involucrados, a fin de determinar sus responsabilidades.
El monto total de inversión en las obras ejecutadas en las cuatro instituciones educativas asciende a S/ 12´129,648.
