A través del mecanismo de Obras por Impuestos, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) promoverá la construcción de condominios destinados exclusivamente al arrendamiento, con el objetivo de atender a personas y familias cuya demanda habitacional se enfoca en el alquiler y no en la compra de un inmueble.
El viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos, explicó que esta nueva modalidad se enmarca en el Reglamento de Vivienda de Interés Social, el cual permite desarrollar infraestructura de Vivienda en Arrendamiento (VA) financiada por el sector privado bajo esta figura. “Está previsto que, mediante Obras por Impuestos, se pueda construir infraestructura de arrendamiento, ponerla a disposición de un operador privado y, a través de bonos, arrendarla a las familias”, indicó en declaraciones a Andina Canal Online.
Añadió que el mecanismo ya está planteado en el nuevo reglamento y que, en los próximos meses, se trabajará en su implementación operativa. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para reducir la brecha habitacional, reconociendo que no todas las familias tienen como meta la adquisición de una vivienda propia.
“La brecha no se atiende solamente con la compra de viviendas; también existen personas que, por sus condiciones o planes de vida, prefieren o solo pueden optar por el alquiler. Es por eso que este sistema cobra mayor relevancia”, señaló Ramos.
El reglamento establece que la infraestructura de Vivienda en Arrendamiento podrá ser gestionada ya sea por la entidad propietaria del predio o por una administradora privada especializada. Además, se contempla la entrega de subsidios de alquiler para asegurar condiciones de habitabilidad dignas, especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión del mercado inmobiliario.
En relación con el modelo financiero, el viceministro precisó que, a diferencia del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), esta nueva modalidad no necesariamente incluirá un componente de ahorro para la compra futura. “Si hablamos de personas de 65 o 67 años, no resulta razonable pensar en una hipoteca a 20 o 25 años. Como Estado, debemos garantizar que vivan en condiciones adecuadas, y eso puede lograrse mediante subsidios al alquiler”, remarcó.
