La Contraloría General de la República identificó irregularidades en la obra de mejoramiento del sistema de agua potable e instalación de Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) para seis localidades de la región, a cargo de la Municipalidad Distrital de Pisuquia y con un valor referencial de S/ 1´030,024. Se detectó que, pese a la nulidad dispuesta por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), se suscribió el contrato sin la documentación exigida y no se verificó la experiencia técnica del residente de obra, vulnerando la normativa de contrataciones del Estado.
La ejecución del proyecto tuvo como finalidad beneficiar a los pobladores de las localidades de Cuipe, Danjamal, Limapampa, Paquihuas, Santa María y el barrio Brasil de Membrillo, en el marco del procedimiento de selección de Adjudicación Simplificada N.° 03-2024-MDP/CS que convocó la comuna de Pisuquia del 30 de enero al 27 de febrero de 2024.
En el Informe de Control Específico n.° 007-2025-2-0329-SCE (periodo de evaluación del 30 de enero al 27 de febrero de 2024), se señala que el comité de selección incorporó en las bases administrativas factores de evaluación, como “Sostenibilidad ambiental y social” e “Integridad en la contratación pública”, los cuales no corresponden al tipo de procedimiento convocado debido al monto de la contratación. Esta decisión contravino lo establecido por las bases estándar del OSCE, afectando la legalidad del procedimiento y restringiendo la participación de postores.
Asimismo, durante la etapa de consultas, un participante advirtió la indebida inclusión de los factores de evaluación mencionados. Sin embargo, el comité de selección otorgó la buena pro, vulnerando la normativa. Pese a esa anomalía, se suscribió el contrato antes de presentar la documentación exigida, lo que sugiere un acto simulado, contraviniendo el artículo 139° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Se detectó que el consorcio ganador no acreditó adecuadamente la experiencia mínima requerida del residente de obra ofertado. No obstante, el encargado de la Unidad de Abastecimientos omitió verificar este requisito técnico, y aun así permitió continuar con la contratación. Esta omisión contravino lo establecido en el artículo 49° del reglamento vigente, que exige comprobar la capacidad técnica del personal clave antes de suscribir el contrato.
En los hechos detectados tendría participación el encargado de la Unidad de Abastecimiento de aquella época, así como del presidente y dos miembros del comité de selección del periodo 2024, quienes habrían vulnerado múltiples normas, determinándose la presunta responsabilidad penal y administrativa, respectivamente.
El informe fue comunicado al titular de la entidad, para el deslinde de las responsabilidades que correspondan y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Amazonas, y para las acciones penales que permitan determinar responsabilidades.
