El Congreso de la República aprobó, en segunda votación y por unanimidad, la Ley que promueve la siembra y cosecha de agua a nivel nacional, con la finalidad de fortalecer la seguridad hídrica en el país. Esta norma amplía significativamente las tareas a cargo de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), facultándola a ejecutar proyectos de inversión pública y IOARR (Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición) sin limitaciones geográficas o de altitud. De esta forma, se eliminan las restricciones que hasta ahora impedían desarrollar este tipo de iniciativas por debajo de los 2,300 m s. n. m., abriendo la posibilidad de intervenir en todo el territorio nacional.
El proyecto de ley N.º 09523/2024-CR, aprobado primero por la Comisión Agraria en marzo y luego por la Comisión Permanente en julio, busca consolidar un modelo de gestión descentralizado y equitativo del recurso hídrico, frente a los efectos cada vez más severos del cambio climático. Desde su creación en 2017, el Fondo Sierra Azul ha sido un actor clave en la implementación de prácticas ancestrales como la construcción de qochas, zanjas de infiltración, reforestación y revegetación, que permiten almacenar agua de lluvia, restaurar ecosistemas y garantizar la sostenibilidad hídrica en las zonas altoandinas.
Con esta ampliación de sus competencias, la Unidad Ejecutora podrá llevar estas prácticas a todas las regiones del país, beneficiando directamente a la agricultura familiar y a las comunidades rurales que enfrentan condiciones de escasez de agua. Se trata de un cambio estructural en la administración del recurso hídrico que permitirá acelerar la ejecución de proyectos orientados al desarrollo productivo y la resiliencia frente a eventos climáticos extremos.
Asimismo, la norma establece que el Midagri, en un plazo de 60 días hábiles desde la entrada en vigencia de la ley, deberá modificar el Reglamento del Fondo Sierra Azul, así como los instrumentos legales y de gestión necesarios para implementar esta política a nivel nacional. Esta medida refuerza el compromiso del Estado con una estrategia hídrica sostenible y adaptada a las diversas realidades geográficas del Perú.
