La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Tumbes ejecutó la reparación de la calzada de acceso al Hospital Regional JAMO II-2 sin haber suscrito los contratos de ejecución ni de supervisión de la obra, situación que pone en riesgo la calidad, durabilidad y correcta aplicación de los recursos públicos invertidos.
De acuerdo con el Informe de Visita de Control n.º 25913-2025-CG/GRTB-SVC, correspondiente al periodo de evaluación del 3 al 11 de diciembre de 2025, la intervención, valorizada en S/ 3.3 millones, fue realizada bajo la modalidad de contratación directa, invocando una causal de emergencia. Los trabajos se iniciaron el 17 de octubre de 2025; sin embargo, pese a haberse otorgado la buena pro, el gobernador regional solicitó posteriormente la nulidad del proceso, argumentando que el jefe de Abastecimiento participó en la etapa de calificación cuando se encontraba con licencia sin goce de haber.
No obstante, la nulidad requerida, el 3 de diciembre se constató que la obra continuaba en ejecución. Al respecto, el director ejecutivo de Caminos de la entidad regional señaló que los contratos de ejecución y supervisión no habían sido suscritos debido a que se encontraban en proceso de revisión, pese a que el plazo máximo de 20 días para su regularización ya había vencido.
La comisión de control también verificó la ausencia de personal clave tanto del contratista como de la supervisión, así como el cambio del supervisor sin comunicación oportuna a la entidad, y la falta de actualización del cuaderno de incidencias. Estas deficiencias generan el riesgo de que la obra se ejecute sin cumplir los estándares técnicos exigidos y de que no se apliquen las penalidades correspondientes.
Adicionalmente, se identificaron trabajos que no se ajustan al expediente técnico, como la limpieza de cunetas que habría dañado estructuras existentes; la limpieza incompleta de alcantarillas; y la ejecución de pases vehiculares que dificultan el tránsito. Asimismo, se detectó la reubicación de pases vehiculares sin contar con la autorización de la entidad, lo que agrava los riesgos técnicos y administrativos del proyecto.
