El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) aprobó la Hoja de Ruta hacia la Confiabilidad de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento al 2036, mediante el Decreto Supremo n.° 017-2026-VIVIENDA. El instrumento establece objetivos, líneas de acción y metas para reducir el riesgo de fallas en los sistemas de abastecimiento y garantizar la continuidad de los servicios ante fenómenos naturales y otras emergencias.
La estrategia contempla fortalecer la seguridad de las fuentes de agua destinadas a potabilización, promover fuentes alternativas y de contingencia, y mejorar la confiabilidad de los sistemas de los prestadores, considerando los efectos del cambio y la variabilidad climática.
Uno de los principales objetivos es reducir la dependencia de fuentes únicas de abastecimiento, mediante la diversificación de las fuentes disponibles y la incorporación de alternativas que permitan mantener el suministro cuando se presenten fallas, eventos climáticos extremos o situaciones de emergencia.
La hoja de ruta se articula con la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, que contempla, entre sus prioridades, mejorar la confiabilidad de las fuentes de agua y de los sistemas de los prestadores, reducir las brechas de acceso y fortalecer las capacidades de gestión de los servicios.
La norma dispone que el MVCS apruebe, en un plazo máximo de 180 días hábiles desde el día siguiente de su publicación, un plan de implementación que definirá las actividades, responsables, plazos, hitos y mecanismos de seguimiento. Su elaboración y ejecución estarán a cargo de la Dirección General de Políticas y Regulación en Construcción y Saneamiento, en coordinación con las entidades involucradas.
Asimismo, establece que hasta el 31 de diciembre de 2027 deberá aprobarse el Índice de Confiabilidad de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, junto con su metodología de cálculo y línea base. Este instrumento permitirá monitorear los avances y priorizar intervenciones orientadas a mejorar la continuidad y seguridad del servicio.
La implementación de la hoja de ruta se financiará con los presupuestos institucionales de las entidades involucradas, según su disponibilidad, sin requerir recursos adicionales al Tesoro Público.
