La Cámara Peruana de la Construcción – Capeco, la Asociación de Desarrolladores Inmobilirarios del Perú – ADI Perú y la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú – Asei, invocan al Gobierno Central a mostrar coherencia entre sus mensajes e invitaciones a invertir en el Perú, frente a medidas que atentan contra la seguridad jurídica y el Estado de Derecho, necesarios para promover inversiones en nuestro país.
Esto hace alusión al arbitrario anuncio del retiro y cierre de cuatro operaciones mineras (Inmaculada, Pallancata, Apumayo y Breapampa) en la región Ayacucho, así como la notificación de que no habrá ninguna ampliación para procesos de explotación y exploración impuestos por la Presidencia del Consejo de Ministros.
A través de un comunicado los gremios solicitan solucionar de inmediato un problema que requiere diálogo y acuerdos entre las partes.
“El anuncio constituye una posición política y arbitraria impuesta por el Gobierno sin un diálogo amplio con todas las partes, sin sustento legal y técnico de las instancias públicas con competencias sobre la actividad minera, y sin la debida notificación a las empresas involucradas. Todo esto impacta negativamente en la seguridad jurídica necesaria para atraer y mantener inversiones en nuestro país” dicen los gremios.
Además, piden evitar el clima de incertidumbre que generan las inconsistencias entre el discurso y las acciones concretas del presidente de la República, Pedro Castillo; la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez; y el Ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke. “No es la primera vez que ocurre. El criterio impuesto en estas medidas genera un peligroso precedente para que el gobierno central intervenga con fines políticos en cualquier actividad económica del país”, advierte el comunicado.
Finalmente, instan a las autoridades a “respetar las reglas de juego y generar consensos con todos los actores, a través de un diálogo sostenido con las empresas involucradas. Exigimos asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental y rechazar cualquier acto de violencia que impida el normal desarrollo de las operaciones privadas”.
