La Contraloría General de la República detectó que el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), perteneciente al Gobierno Regional de Ica, firmó un contrato para la segunda etapa del proyecto de afianzamiento hídrico de la cuenca de los ríos Grande y Santa Cruz, en la provincia de Palpa, por un valor de S/ 147.9 millones. Sin embargo, el consorcio adjudicado no presentó la garantía de fiel cumplimiento ni cumplió con todos los requisitos establecidos en las bases del concurso público. A pesar de solicitarlo fuera de plazo, la entidad le pagó un adelanto directo de S/ 14.8 millones, tres meses antes de que la obra iniciara.
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 24079-2024-CG/GRIC-AC, el contratista debía contar con una garantía de fiel cumplimiento equivalente al 10% del valor del proyecto. No obstante, se le permitió optar por un fondo de garantía (retención de ingresos) como alternativa, lo que dejó al PETACC sin un respaldo económico que pudiera ejecutarse en caso de incumplimiento contractual.
Además, se identificó que el contratista no acreditó la experiencia requerida para su personal clave, específicamente del Jefe de Obras. La documentación presentada no coincidía con el expediente técnico y no fue subsanada durante el proceso de perfeccionamiento del contrato.
El contrato fue firmado el 5 de diciembre de 2022, y el consorcio tenía hasta el 13 de diciembre para solicitar el adelanto directo, pero lo hizo dos días después de la fecha límite y sin contar con la carta fianza correspondiente. A pesar de ello, se le otorgó el adelanto el 29 de diciembre de 2022, cuando la obra recién comenzó el 1 de abril de 2023.
Cabe destacar que el comité de selección limitó la competencia al no considerar experiencia en proyectos hidráulicos, solicitando en su lugar acreditación en obras de movimiento de tierras, obras de arte y concreto, lo que permitió la participación de contratistas sin experiencia en proyectos hidráulicos.
A pesar de las observaciones de la Contraloría y el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la entidad emitió una resolución que anulaba el proceso de contratación, pero días después dejó sin efecto dicha decisión.
Los resultados de la auditoría fueron comunicados al titular del PETACC, al Órgano Instructor y a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Ica para que adopten las medidas correctivas y legales correspondientes.
