La Contraloría General de la República – CGR identificó irregularidades en la conformidad y aprobación del expediente técnico de la obra vial conocida como La Costanera 2 que une a las localidades de los distritos de Pariñas, La Brea (Talara), Vichayal, Colán, Amotape, Tamarindo (Paita) e Ignacio Escudero (Sullana). Se detectó que incluyeron el doble uso de una motoniveladora y mayor cantidad de agua a la indicada en los ensayos de mecánica de suelos. Esta situación generó el incremento del costo del proyecto y ocasionó un perjuicio económico a la entidad por el monto de S/ 4.8 millones.
Según el Informe de Auditoría N.° 043-2025-2-5349-AC, que comprende como periodo de evaluación desde el 3 de abril de 2018 al 28 de enero de 2020, el Gobierno Regional de Piura aprobó el expediente técnico pese a que contenía deficiencias. El consorcio encargado de ejecutar los trabajos también elaboró dicho expediente por tratarse de un contrato bajo la modalidad de concurso oferta, por lo que se le pagó en exceso por el empleo de una maquinaria duplicada en dos partidas. Además, se produjo un incremento de volumen del agua en estos trabajos.
Los hechos expuestos se han generado por la inadecuada revisión y supervisión por parte del revisor de costos y presupuestos, de los coordinadores del equipo revisor, así como del director de Estudios y Proyectos, al haber dado conformidad y tramitado la aprobación del expediente sin advertir estas deficiencias.
La comisión de auditores también evidenció que el comité de selección admitió la oferta y otorgó la buena pro a postor que no acreditó la experiencia del personal clave referente al ingeniero de Suelos y Pavimentos, favoreciéndolo con la suscripción y ejecución del contrato por aproximadamente S/ 170.4 millones.
En este caso, la situación se produjo por el accionar de los miembros titulares del comité de selección, quienes suscribieron el acta de calificación y otorgamiento de buena pro el 5 de julio de 2018, a pesar de que el postor no acreditó la experiencia de 48 meses exigida, con lo cual no se cumplió con la normativa de contrataciones del Estado, así como con lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección.
Como resultado del control posterior se identificó la presunta responsabilidad de siete exfuncionarios regionales. Por esta razón, se ha recomendado a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción el inicio de las acciones penales en contra de los involucrados. En tanto, la Procuraduría Pública de la Contraloría hará lo propio respecto a las acciones civiles correspondientes.
