La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 13.5 millones en la Empresa de Generación Eléctrica del Sur (EGESUR) S.A., originado por la falta de obtención de los permisos necesarios para iniciar la construcción de las centrales hidroeléctricas Moquegua 1 y 3. Este incumplimiento derivó en la resolución del contrato con el consorcio ejecutor y en el pago de una indemnización, luego de un laudo arbitral internacional favorable a la parte privada.
El proyecto contemplaba la construcción de dos hidroeléctricas en cascada: una en la bocatoma Otora y el canal Huaracane, administrados por el Proyecto Especial Regional Pasto Grande, y otra en el río Sajena. La inversión estaba prevista con un presupuesto de S/ 373.2 millones y US$ 115 millones, financiados parcialmente con endeudamiento externo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).
Según el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 004-2025-2-3905-AC (que abarca del 1 de julio de 2019 al 29 de noviembre de 2024), EGESUR firmó el contrato el 18 de julio de 2019 con un plazo de 180 días para obtener los permisos exigidos por la legislación peruana, el cual vencía el 6 de enero de 2020. Sin embargo, solo se gestionaron 4 de los 12 permisos requeridos.
Aunque la entidad sabía que el tiempo era insuficiente, acordó una adenda de solo 120 días adicionales, hasta el 6 de mayo de 2020. Posteriormente, el plazo se extendió 51 días más debido a disposiciones del Gobierno por la emergencia sanitaria de la COVID-19, hasta el 31 de julio de 2020. Pese a ello, no se obtuvo la totalidad de los permisos, lo que motivó que el contratista resolviera el contrato el 25 de junio de 2021 por incumplimiento contractual.
La auditoría también advierte deficiencias técnicas y de planificación: el diseño de las centrales se basó en un caudal de 3,3 m³/s, pero el Gobierno Regional de Moquegua y el Proyecto Pasto Grande no completaron las obras hídricas prometidas, disponiéndose solo de 2,85 m³/s. Además, EGESUR no adquirió la totalidad de los terrenos necesarios: más de la mitad no cuenta con propiedad legal saneada.
Por otro lado, las concesiones definitivas para las centrales y sus líneas de transmisión están en riesgo de caducar, ya que la puesta en operación comercial no se ha iniciado. OSINERGMIN ha alertado al Ministerio de Energía y Minas sobre estos incumplimientos desde 2023. Aunque EGESUR solicitó prórrogas, persiste el riesgo de perder dichas concesiones.
DATO
El Informe de Auditoría de Cumplimiento establece presunta responsabilidad civil y/o administrativa en contra de cinco funcionarios, quienes se desempeñaron como gerente general, gerente general encargado, gerente de proyectos y obras, jefe de asesoría legal y jefe de obras.
