La Contraloría General de la República advirtió que el Gobierno Regional del Callao no está garantizando la culminación del expediente técnico del proyecto de mejoramiento del servicio educativo de la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén, ubicada en Ventanilla. Esta iniciativa, con una inversión proyectada en más de S/ 13.5 millones, fue declarada viable en marzo de 2021; sin embargo, a la fecha han transcurrido más de cuatro años sin que el documento se haya concluido ni aprobado.
El proyecto tiene como finalidad mejorar las condiciones educativas de 1,360 estudiantes, quienes deberían acceder a servicios con estándares sectoriales adecuados durante un horizonte de 10 años. No obstante, en el Informe de Hito de Control N.° 026-2025-OCI/5355-SCC, que evaluó el periodo del 31 de julio al 15 de agosto de 2025, la comisión de control constató que la Gerencia Regional de Educación informó que la elaboración del expediente técnico se encuentra observada por incumplir requisitos del Reglamento Nacional de Edificaciones.
Durante la revisión, los auditores verificaron también los reportes mensuales del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI). Si bien se registraron diversas anotaciones sobre la situación del expediente, ninguna de ellas acredita su culminación o aprobación. El último registro, del 8 de agosto de 2025, señala que aún se estaban recopilando y evaluando documentos heredados de la gestión anterior, los cuales se encontraban dispersos.
La Contraloría concluyó que desde la declaratoria de viabilidad, el 25 de marzo de 2021, el Gobierno Regional del Callao no ha logrado culminar ni aprobar el expediente técnico, situación que impide la continuidad del ciclo de inversión. Esta demora pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos del proyecto, limita el acceso oportuno de la población estudiantil a infraestructura adecuada y podría incluso derivar en la pérdida de vigencia de la viabilidad aprobada.
Ante ello, el órgano de control notificó al titular del Gobierno Regional del Callao para que adopte medidas preventivas y correctivas dentro de sus competencias, a fin de asegurar la continuidad del proceso y concretar los beneficios previstos para la comunidad educativa.
