La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) expresó su preocupación por el uso cada vez más extendido del mecanismo Gobierno a Gobierno (G2G) en proyectos de infraestructura que, de acuerdo con la normativa vigente, podrían ejecutarse bajo el régimen regular de contratación pública.
El gremio recordó que este modelo fue concebido para situaciones excepcionales, como obras de alta complejidad técnica, proyectos de urgencia nacional o aquellos que requieren la transferencia de conocimiento internacional. Sin embargo, en los últimos años su aplicación se ha generalizado, alcanzando iniciativas que podrían ser desarrolladas mediante procesos ordinarios.
Según CAPECO, esta práctica trae consigo mayores costos fiscales debido a los pagos adicionales por gerenciamiento y asistencia internacional. También genera riesgos presupuestales por la falta de control en los adicionales de obra y liquidaciones, además de limitar la participación de empresas nacionales, que enfrentan más trabas administrativas y demoras en los pagos. En muchos casos, los contratistas locales terminan relegados a un rol secundario, sin garantías de cumplimiento oportuno.
A este panorama se suman los retrasos en trámites y valorizaciones, que provocan la ruptura de la cadena de pagos, paralización de proyectos, arbitrajes y serias dificultades financieras tanto para las empresas como para el propio Estado. CAPECO también advirtió que la falta de comunicación y respuesta oportuna por parte de las entidades contratantes genera incertidumbre y compromete la continuidad de las obras.
Ante este escenario, el gremio planteó que el mecanismo G2G se limite únicamente a proyectos estratégicos debidamente acreditados. Asimismo, consideró urgente fortalecer la contratación pública regular mediante la reducción de la burocracia y la creación de condiciones de igualdad para los contratistas nacionales.
CAPECO reiteró su compromiso con un modelo de desarrollo que garantice transparencia, sostenibilidad y eficiencia en la ejecución de las obras públicas, asegurando que los recursos del Estado se utilicen de manera responsable en beneficio del país.
