La Contraloría General de la República (CGR) advirtió que el expediente técnico del proyecto de agua de riego para 12 localidades del distrito de Huacrachuco, a cargo del Gobierno Regional de Huánuco, carecería de validez legal, debido a que los informes utilizados para su evaluación y conformidad no habrían sido elaborados ni firmados por el profesional contratado para dicho fin. Esta situación pone en duda la calidad del estudio y la viabilidad técnica del proyecto.
De acuerdo con el Informe de Control Concurrente N.° 035-2025-OCI/0401-SCC, que evaluó el caso entre el 16 y el 22 de setiembre de 2025, la entidad regional contrató en 2020 a un consultor para la elaboración del expediente técnico por un monto de S/ 558 mil. Asimismo, se designó a un supervisor encargado de revisar los cinco entregables del estudio; sin embargo, el profesional cuya firma figura en los documentos reportó que no participó en la evaluación ni emitió dichos informes, por lo que los documentos carecerían de autenticidad.
Pese a estas irregularidades, funcionarios de la Subgerencia de Estudios otorgaron la conformidad al servicio de supervisión y dispusieron el pago de S/ 30,600, quedando pendiente un saldo de S/ 3,400. Posteriormente, el expediente técnico fue aprobado en diciembre de 2021, con una inversión proyectada de S/ 55.7 millones para su ejecución. No obstante, el Gobierno Regional de Huánuco realizó cuatro procesos de selección que resultaron nulos o desiertos, impidiendo el inicio del proyecto y retrasando los beneficios previstos para 12 comunidades de la provincia de Marañón.
La Contraloría precisó que las deficiencias en la revisión del expediente técnico y en los procesos de contratación ya habían sido advertidas en anteriores informes de control, sin que se implementaran las medidas correctivas necesarias. Esta falta de validación afecta la confianza en la calidad del proyecto y podría ocasionar perjuicios económicos y sociales durante su ejecución.
Ante ello, el órgano de control recomendó al Gobierno Regional de Huánuco adoptar las acciones correctivas correspondientes para garantizar la continuidad y correcta ejecución del proyecto, cuyo propósito es optimizar la gestión de los recursos hídricos y promover una producción agrícola sostenible en beneficio de las comunidades locales.
