Dr. Arq. Gerardo Regalado R.
Cuando Rubén Blades escribió la canción “Se vende un país portátil” el año 2009, en su álbum “Cantares del subdesarrollo”, reflexionaba acerca de la crisis en Latinoamérica relacionada con la corrupción sistémica, la pérdida de memoria histórica, la dependencia económica, el endeudamiento cíclico y en incremento, y la degradación de la autoestima nacional. En ese escenario, las ciudades tienen un gran protagonismo porque son las áreas que participan en los mercados globales, regionales y locales, que generan dinámicas económicas virtuosas, pero también economías subterráneas, negras o grises que determinan círculos viciosos económicos.
En ese contexto y parafraseando a Blades, la ciudad de Lima (incluye el Callao) no escapa a esta crisis institucional, histórica, de mal manejo económico, de corrupción sistemática, endeudamiento cíclico y degradación de la identidad ciudadana, sin embargo, con un añadido, “la ciudad se vende” cada vez que hay elecciones municipales.
¿Por qué decimos que la ciudad de Lima se vende?, en principio, observamos ciertas conductas sospechosas en: los cambios de zonificación, en “decisiones formalmente legales” que distribuyen desigualmente beneficios y costos urbanos, en las elecciones municipales como momento crítico, por lo tanto, nos preguntamos, ¿quién produce la ciudad y se apropia de sus beneficios?
En cuanto a los cambios de zonificación, hemos encontrado 3 evidencias a manera de antecedentes: 1) la Contraloría General de la República entre los años 2019 y 2022 informa que hubieron 122 solicitudes de cambios de zonificación aprobadas por la Municipalidad Metropolitana de Lima (Diario La República, febrero 9, 2024) sin cumplir requisitos normativos, es decir; sin sustento técnico adecuado, participación vecinal y procedimientos de votación; 2) se realizaron 48 cambios de zonificación durante la gestión del alcalde López Aliaga que beneficiaron a empresas como: la Universidad César Vallejo en la Av. Argentina, al inmueble donde operaba la imprenta del Grupo El Comercio que tenía zonificación industrial, se le cambió por zonificación comercial, entre otras (El Foco, 22 de diciembre 2025, el foco.pe); y 3) el IMP argumenta que los PDU de las área interdistritales orientan el desarrollo urbano y promueven la inversión privada, sin embargo, si la planificación concentra beneficios de valorización del suelo en determinados propietarios o promotores, ya es sospechoso.
En relación a las decisiones formalmente legales, se entiende que el mecanismo no necesita consentir algún acto ilícito, como un soborno, sin embargo, pueden operar a partir de decisiones formalmente legales que benefician algunos grupos sociales mas aventajados por sobre la mayoría demandante, de mejores condiciones de rentas diferenciales y menores costos urbanos para habilitación urbana o construcción.
En ese escenario, el poder económico y propietario del suelo expresan sus intereses territoriales y urbanos, participan en consultas directamente o camuflados entre los actores presentando propuestas y proporcionando información técnica, luego participan en decisiones urbanísticas sobre zonificación, usos del suelo, centralidades o clústeres y priorización de las inversiones, para finalmente hacerse de suelo urbano con potencialidades comerciales, y con mayores márgenes de ganancias frente a los costos de urbanización, sin tomar en cuenta en el aumento de los costos de infraestructura de servicios básicos, congestión vial y degradación ambiental.
Ahora, ¿Por qué pensamos que las elecciones municipales son un punto crítico? Porque generan una posibilidad para que los intereses sobre el suelo urbano-territorial busquen convencer y/o seducir a las futuras autoridades mediante: el financiamiento de sus redes y campañas políticas, mediante aportantes promotores o propietarios de suelos no urbanizados, prestamos de camionetas y locales para sus reuniones; el anuncio de gigantescos escenarios a manera de grandes centralidades o megaproyectos por parte de los políticos generando altas expectativas inmobiliarias, con promesas de grandes transformaciones territoriales “Lima potencia mundial”…; discrecionalidad conveniente en decisiones urbanísticas como cambio de zonificación, licencias de construcción o de habilitaciones urbanas sin considerar estudios de impacto vial y ambiental, sin sustento técnico y consulta ciudadana; sustitución de equipos técnicos más favorables relacionados con la planificación urbana cambiando las prioridades; omisión deliberada de informar la existencia de instrumento de gestión territorial como el Plan Metropolitano de Desarrollo al 2040, Planes Interdistritales, etc., a la nueva autoridad.
En ese juego caen la formulación de los planes interdistritales que se viene aprobando en los últimos meses. El Instituto Metropolitano de Planificación ha anunciado hasta ahora la “aprobación” mediante ordenanza, de 3 de los 5 planes interdistritales (Lima Norte, Lima Balnearios del Sur y Lima Este). No obstante, creemos que son “unidades intermedias de gestión territorial” (metrópolis) entre la escala megalopolitana y la distrital, pero que no tienen posibilidades de que puedan ser gestionadas con mecanismo institucionales de coordinación, con responsabilidades claras y definidas, con programas de inversión consensuados e integrales, formas de implementación y retroalimentación. En otras palabras, no se constituyen en “unidades operativas con capacidad efectiva de gestión urbano-territorial”. Además, la capacidad técnica de los municipios de cada área interdistrital es ínfima, están más preocupados en sus gastos corrientes que en establecer condiciones institucionales, financieras y administrativas para ejecutar las propuestas de los planes interdistritales, por eso son una entelequia operativa.
En un momento se pensó que bajo la Ley N° 29029 y su modificatoria la Ley N° 29341, Ley de Mancomunidad Municipal, podrían dos o más municipalidades colindantes o no, trabajar de forma conjunta para ejecutar obras que beneficien a sus comunidades y en ese contexto los Planes Interdistritales podrían constituirse en unidades operativas en beneficio del desarrollo urbano sostenible.
Sin embargo, la realidad es otra. Las municipalidades en nuestro país se han constituido en feudos, el alcalde se comporta como un terrateniente, incapaz de generar procesos, normas, redes y convocar actores en bien de una gobernanza legítima y, por lo tanto, reduce su capacidad de gobernabilidad frente a las demandas sociales de su jurisdicción. Frente a este escenario, se reduce al mínimo las posibilidades de unir esfuerzos para llevar a cabo políticas, estrategias, programas y proyectos interdistritales.
Finalmente, creemos que nuestras ciudades se venden en los comicios, en especial Lima, porque es portátil en términos: políticos, cuando las prioridades cambian con cada administración municipal; económicos, donde la inversión puede mostrar nuevos valores por decisiones públicas; institucionales, cuando los planes se ignoran o se modifican por el cambio de autoridades; y sociales, porque los beneficios del desarrollo urbano se concentran en actores convenientes y minoritarios, mientras que los costos ambientales, territoriales y de movilidad son asumidos por las mayorías.
