El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó recientemente la actualización de la Estrategia de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres, elaborada con asistencia técnica del Banco Mundial, para fortalecer la capacidad del Estado de prevenir y afrontar las consecuencias económicas de fenómenos naturales como El Niño. El instrumento establece cuatro líneas de acción orientadas a anticipar los costos fiscales, asegurar recursos financieros y reducir la vulnerabilidad de la infraestructura pública.
Uno de los principales componentes de la estrategia es incorporar la gestión del riesgo de desastres en todas las etapas de la inversión pública, desde la formulación y el diseño de los proyectos hasta su ejecución, operación y mantenimiento. Con ello se busca que las nuevas obras consideren medidas de prevención, reducción del riesgo y adaptación, a fin de disminuir los daños y las pérdidas económicas ante posibles emergencias.
La actualización también plantea identificar y cuantificar los riesgos fiscales asociados a los desastres, con el propósito de estimar sus posibles costos y prever recursos antes de que ocurran. Esta información permitirá mejorar la planificación presupuestal y priorizar intervenciones preventivas.
Otra línea de acción contempla la combinación de instrumentos financieros para atender estos riesgos, entre ellos asignaciones presupuestales, líneas de crédito contingentes y recursos del Fondo de Estabilización Fiscal, así como mecanismos de transferencia del riesgo mediante seguros agrícolas, coberturas vinculadas a Asociaciones Público-Privadas (APP) y otros instrumentos.
La cuarta línea está orientada a fortalecer la capacidad del mercado asegurador para evaluar los riesgos de desastres y desarrollar productos que amplíen la protección financiera frente a sus efectos.
Según el MEF, la estrategia busca reemplazar una gestión centrada principalmente en financiar la atención y reconstrucción posteriores a los desastres por un enfoque que permita anticipar sus consecuencias y reducir los costos para el Estado.
Su implementación requerirá la coordinación de los tres niveles de gobierno y de las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), con una definición más clara de responsabilidades y prioridades de financiamiento.
La actualización toma como referencias prácticas internacionales de gestión del riesgo fiscal, incluidas las promovidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
