La Contraloría General de la República advirtió que la obra de protección contra inundaciones del centro poblado Maldonadillo, en el distrito de Raymondi, provincia de Atalaya, región Ucayali, presenta trabajos inconclusos, deficiencias técnicas y un aparente estado de abandono, pese a que su plazo de ejecución se encuentra vencido. El proyecto, a cargo del Gobierno Regional de Ucayali, tiene una inversión de S/ 4.3 millones y busca proteger a la población frente a las crecientes del río Urubamba.
La intervención contempla la construcción de 12 espigones y muros de gaviones en la margen izquierda del río. Sin embargo, durante una inspección realizada por la comisión de control, no se encontró personal del contratista ni de la supervisión. Además, el almacén permanecía cerrado y parte de la maquinaria se encontraba en aparente estado de abandono.
Según el Informe de Orientación de Oficio N.° 042-2026-OCI/5354-SOO, correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2026, diez de los doce espigones proyectados no presentaban intervención, pese a que se habían registrado avances en partidas de movimiento de tierras, colocación de piedras y construcción de gaviones. Esta situación genera el riesgo de pagos por trabajos no realizados por S/ 3,754,236.
El órgano de control también identificó que las cartas fianza correspondientes al adelanto directo y al adelanto para materiales vencieron el 1 de junio de 2026, sin que la entidad exigiera oportunamente su renovación o ejecutara las garantías. Esta situación compromete la recuperación de S/ 558,906 por adelantos pendientes de amortización. En conjunto, los riesgos económicos advertidos ascienden a S/ 4.3 millones.
Otra observación corresponde a inconsistencias en los estudios hidrológicos e hidráulicos del expediente técnico, cuyos cálculos no corresponderían a las características del río Urubamba, sino a una microcuenca de otro proyecto. Estas deficiencias podrían comprometer la estabilidad de los espigones y muros de gaviones ante una creciente, debido al riesgo de socavación o colapso de las estructuras.
Asimismo, la Contraloría señaló que, pese al reinicio de los trabajos, la última valorización presentada y pagada correspondía a octubre de 2025. La ausencia de actividad y el vencimiento del plazo contractual podrían ocasionar mayores costos, retrasar la culminación de la infraestructura e impedir la aplicación oportuna de las penalidades correspondientes.
Los resultados fueron comunicados al titular de la Gerencia Territorial de Atalaya para que adopte las medidas preventivas y correctivas necesarias, con el propósito de garantizar la continuidad del proyecto y evitar que se materialicen los riesgos identificados.





