La Contraloría General de la República detectó un perjuicio económico de S/ 523 mil por irregularidades en un estudio de mecánica de suelos (EMS) elaborado con términos de referencia que no cumplían con lo establecido por la norma reguladora. Lo evidenciado ocasionó la contratación de un nuevo estudio complementario, retraso y la ampliación de plazo por 52 días, en la obra de mejoramiento de los servicios del desembarcadero pesquero artesanal en la localidad de Acapulco, en el distrito de Zorritos, provincia de Contralmirante Villar.
Según detalla el informe de Control Específico N° 005-2022-2-4380-SCE, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) requirió la contratación del servicio de consultoría en la especialidad de mecánica de suelos, con términos de referencia que no consideraron las disposiciones de la Norma E.050 – Suelos y Cimentaciones, sobre el valor de profundidad correspondiente a una edificación, de acuerdo al área y terreno donde se ejecutaría la obra, realizándose el servicio sin cumplirse con los requisitos técnicos mínimos exigidos.
El Órgano de Control Institucional del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, reveló que la empresa contratada no contó con experiencia en trabajos similares en la zona costera; además, advirtió que quien ejecutó la consultoría en su totalidad fue una empresa distinta a la contratada.
Además, el EMS fue incluido en los estudios básicos del expediente técnico aprobado de la obra, hecho que ocasionó que, durante su periodo de ejecución en los años 2018 – 2019, se realice un estudio complementario, luego que el contratista advierta consultas y observaciones referentes al terreno, edificación y estructura; generando a su vez, dos ampliaciones de plazo por 52 días calendarios adicionales a lo establecido. La aprobación de dicha ampliación de plazo tuvo un costo de S/ 367 mil, por el reconocimiento económico a la supervisión se pagó más de S/ 142 mil, sumado a los S/ 12 mil por el estudio complementario, se obtuvo un total de S/ 523 mil de perjuicio económico.
Tras las irregularidades encontradas, se identificó una presunta responsabilidad en tres funcionarios y servidores del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, correspondiendo a la Procuraduría Pública de la misma entidad, el inicio de las acciones legales civiles correspondientes.
