La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), advirtió a la opinión pública a través de un comunicado que el proyecto de modificación del Decreto Legislativo 1280, Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento, impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) elimina, en la práctica, la función reguladora y de determinación de tarifas a cargo de la Sunass, vulnerando su autonomía.
Esta eventual injerencia política, afirma la entidad, incentivaría el retorno a ineficientes modelos que fijaban las tarifas de agua sin análisis técnicos, perjudicando la sostenibilidad de los servicios de agua potable, desagüe y tratamiento de aguas servidas.
De acuerdo con la propuesta, el MVCS determinaría una “política de entregas económicas al personal vinculado a la prestación de los servicios de agua y saneamiento a nivel nacional”, con cargo al incremento de tarifas.
La propuesta implicaría el reajuste de tarifas sin el previo cumplimiento de metas establecidas por el regulador, alentando la ineficiencia de las empresas de agua, es decir, sin la mejora en la prestación de la calidad de los servicios. Alertó que el proyecto desprotege a los usuarios ante interrupciones de servicios, puesto que reduce las obligaciones de las empresas de agua establecidas por la Sunass.
La propuesta legislativa, expresó Sunass, excede las facultades originalmente delegadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo, puesto que no contempla modificaciones a las funciones tarifarias y de calidad del servicio. Finalmente, señaló que la OCDE recomienda consolidar la autonomía de los organismos reguladores. Por ello, la eventual aprobación de la propuesta legislativa en los términos antes descritos, implica un retroceso en el proceso hacia la incorporación del Perú como miembro de la OCDE.
En ese contexto, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, rechazó una supuesta injerencia de su sector en las funciones de la Sunass por el modelo tarifario de agua y aseguró que el objetivo de su cartera es establecer políticas públicas para garantizar el acceso universal al agua potable y saneamiento.
“Rechazo categóricamente cualquier injerencia del Ministerio de Vivienda a la función de Sunass. Nosotros somos muy respetuosos del órgano regulador, pero, así como respetamos la autonomía e independencia de Sunass, también debemos -como ente rector- a establecer los lineamientos de la política pública nacional sobre agua y saneamiento”, enfatizó.
La ministra Pérez de Cuéllar sostuvo que el modelo tarifario que hoy en día se aplica en los servicios de agua potable y alcantarillado es injusto e inequitativo, ya que aquellos con más ingresos pagan menos por el servicio, mientras que los más pobres pagan hasta siete veces más.
Indicó que los cambios propuestos en el Decreto Legislativo 1280, buscan que haya un sistema de subsidios cruzados, para que, quienes consumen más agua, tengan un cobro diferenciado y mayor a quienes menos tienen. “Lo que buscamos es que haya tarifas justas y equitativas. No es posible que los que tienen agua 24/7 paguen menos que los que tienen agua por horas. No hay derecho”, manifestó.
