La Contraloría General de la República alertó que el Gobierno Regional de Lima no cauteló el inicio del proyecto de mejoramiento de los servicios de agua potable e instalación de alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en los Centros Poblados de Tres Estrellas, distrito de Aucallama – Huaral, por más de S/ 7 millones, a pesar de que el contrato con la empresa a cargo se firmó el 27 de febrero.
El Informe N.º 024-2024-OCI/5344-SCC, advirtió que el 16 de mayo la comisión de control visitó el lugar donde se ejecutará la obra en el centro poblado San Valentín y dio cuenta de que aún no había iniciado.
Al respecto, según el coordinador de obras de la Municipalidad de Huaral, el proyecto no empezó porque la entidad no desembolsa el adelanto de obra respectivo y sus recursos provienen de un fideicomiso (préstamo de otra institución). Ante ello, al 16 de mayo, habían transcurrido 87 días desde la firma del contrato sin que inicie la obra. Es de precisar que el GORE Lima no consideró la constitución de un fideicomiso en las bases del proceso de selección.
En ese sentido, el Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado (RLCE) establece que la entidad tiene 30 días hábiles después de firmado el contrato para tramitar el fideicomiso y así poder otorgar el adelanto al contratista; sin embargo, ya paso más de un mes y este abono no se realizó, lo que impide el inicio de los trabajos. Asimismo, el RLCE indica que la constitución de un fideicomiso no es una condición para el inicio de la ejecución de la obra.
Cabe resaltar que el contratista podría resolver el contrato después de los 15 días vencido el plazo para constituir el fideicomiso, lo que le da derecho a solicitar resarcimiento de daños y perjuicios hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (S/ 10,000) del monto del contrato por día.
La situación expuesta evidencia que el Gobierno Regional de Lima estaría vulnerando la normativa, retrasando el inicio de los trabajos sin justificación alguna y afectando el oportuno cumplimiento de la finalidad pública del proyecto, lo que también podría ocasionar la resolución del contrato y solicitud de resarcimiento por daños y perjuicios por el contratista.
La Contraloría indicó que el informe fue comunicado a la gobernadora regional de Lima para que en el marco de sus atribuciones y competencias adopte las acciones preventivas y correctivas que correspondan.
