La Contraloría General de la República alertó el riesgo de que la valoración real del saldo del proyecto paralizado “Instalación del interceptor y construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la ciudad de Huaral (que se encuentra dentro de la circunscripción del Gobierno Regional de Lima-Provincias)”, no se realice. Esto debido a que la entidad edil de Huaral, suscribió el contrato de consultoría para la elaboración del expediente técnico por S/ 1.2 millones; sin determinar antes el estado de cada estructura construida por la empresa que abandonó las obras en 2022.
En el Informe de Control Concurrente N° 3873-2025-CG/GRLP-SCC (periodo de evaluación del 20 al 24 de marzo de 2025) se señaló que la administración edil elaboró los términos de referencia para contratar a la consultora, sin considerar de manera objetiva y precisa la situación y la calidad de las partidas y/o estructuras existentes; pese a que la entidad tenía programado contratar a un perito para que valorice los trabajos que se encuentren correctamente ejecutados, a fin que sean considerados o no en el expediente del saldo de obra.
La comisión de control sostiene que es de gran importancia que se realice primero un análisis pericial técnico y financiero para cautelar el presupuesto invertido inicialmente en el contrato de ejecución de la obra, que fue resuelto por el municipio en 2022.
Cabe precisar que, en una visita de inspección al proyecto, el 21 de marzo último, se advirtió que no se habrían determinado los metrados (trabajos) ejecutados y no ejecutados en relación a los buzones de la planta de tratamiento. Incluso el especialista en ingeniería civil de la municipalidad indicó que el consultor viene realizando la identificación de todos los buzones y componentes existentes de la obra. Sin embargo, éste indicó que hasta ahora no ha podido ubicar 11 buzones.
Por otra parte, la comisión de control evidenció que el servicio de consultoría para la elaboración del expediente técnico del saldo de obra se está ejecutando sin que se haya comunicado formalmente el inicio de la prestación a la municipalidad (área usuaria), como lo establece el contrato suscrito el 7 de febrero último con un plazo de ejecución de 150 días calendarios. Este hecho es pasible de penalidad y podría ocasionar la prolongación del plazo de entrega del referido expediente, lo que afectaría la culminación de la ejecución de la obra.
El proyecto que se encuentra paralizado presenta un avance físico de 25% y un avance financiero de 26% de acuerdo al reporte del Sistema de Seguimiento de Inversiones del 18 de marzo de 2025.
