La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) autorizó, mediante Resolución de la Presidencia Ejecutiva N.° 020-2026, la contratación del Consorcio Project Nazca para brindar el servicio de consultoría especializada en la reorganización patrimonial de Petroperú, por un valor estimado de US$ 10.37 millones, en cumplimiento del mandato otorgado por el Estado peruano.
El Consorcio Project Nazca está integrado por D & T CASE S.A. de C.V., Deloitte Asesoría Financiera S.C., Deloitte LLP, Deloitte & Co S.A., Deloitte Asesores y Consultores S.A.S., Deloitte RD SRL y Deloitte Consulting CR S.A., firmas que, de acuerdo con los informes técnicos de PROINVERSIÓN, acreditan experiencia, solvencia técnica y capacidades especializadas en procesos complejos de reorganización patrimonial y reestructuración financiera de empresas estatales estratégicas.
La contratación se enmarca en el proceso de reorganización patrimonial de Petroperú dispuesto por el Decreto de Urgencia N.° 010-2025, cuyo objetivo es ordenar la estructura financiera y operativa de la empresa, fortalecer su sostenibilidad y asegurar la continuidad del abastecimiento de combustibles a nivel nacional.
El servicio de consultoría se iniciará con la elaboración de un plan de trabajo integral, orientado a identificar alternativas técnicas y financieras, ordenar las acciones requeridas y respaldar la toma de decisiones del Estado de manera gradual, responsable y basada en evidencia, bajo la conducción de las autoridades competentes.
PROINVERSIÓN precisó que el rol del consultor será estrictamente técnico y de asesoría especializada, sin interferir en la gestión ni en las decisiones estratégicas que correspondan al Estado peruano. Asimismo, reafirmó que el proceso se desarrollará con criterios de transparencia y comunicación permanente, en coordinación con Petroperú y los sectores involucrados.
La entidad subrayó que la reorganización patrimonial no implica privatización ni liquidación de Petroperú, sino un proceso de ordenamiento financiero y operativo, orientado a garantizar su viabilidad, su rol como empresa estatal estratégica y la seguridad energética del país, respetando la normativa laboral vigente y los derechos de los trabajadores.
