Una auditoría de la Contraloría General de la República reveló que el Gobierno Regional de Pasco generó un perjuicio económico superior a S/ 334 mil durante la contratación y ejecución del componente II –colector primario de Patarcocha– del proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de saneamiento y fortalecimiento institucional de EMAPA Pasco S.A.
El Informe de Auditoría de Cumplimiento n.º 032-2025-2-5348-AC, que analizó las actuaciones realizadas entre el 14 de septiembre de 2022 y el 5 de diciembre de 2023, concluyó que siete funcionarios y exfuncionarios habrían incurrido en presunta responsabilidad penal y/o administrativa.
Entre los principales hallazgos, se identificó que la entidad formalizó el contrato con el postor pese a que este no cumplía los requisitos establecidos en las bases ni en la normativa de contrataciones del Estado, especialmente en lo referido a la acreditación de experiencia. A ello se sumó la presentación incompleta del análisis de precios unitarios y la entrega de una carta fianza sin carácter de ejecución automática, emitida además por una entidad sin la clasificación de riesgo exigida, lo que imposibilitó ejecutar la garantía tras la resolución del contrato atribuida al contratista.
Estas deficiencias derivaron en la resolución del contrato y afectaron el normal desarrollo del proyecto, generando un perjuicio económico de S/ 334,010.
Durante la inspección realizada en 2023 por la comisión de control, se verificó el estado de los trabajos en el perímetro de la laguna Patarcocha, encontrándose labores deficientes e incluso no ejecutadas. Adicionalmente, se constató que las intervenciones en la faja marginal se efectuaron sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), lo que obligará a su retiro al vulnerar la Ley de Recursos Hídricos. Este hecho representa un perjuicio potencial superior a S/ 251,605.
Como resultado, la Contraloría remitió el informe a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que inicie las acciones penales correspondientes. Asimismo, recomendó al Órgano Instructor de la institución disponer las acciones administrativas contra los servidores y exservidores involucrados.
