Por: Jorge Alberto Zapata. Gerente general de La Muralla Inversiones Inmobiliarias
El gobierno ha utilizado mucho las palabras “todos” y “juntos” con fines motivacionales. Involucrar al conjunto de peruanos en esta guerra tan amenazante y particularmente dura, es necesario y relevante; y de hecho todos nos hemos identificado con las acciones del ejecutivo desde el inicio de esta lucha titánica contra la pandemia. Sin embargo a estas alturas cabe hacerse la pregunta: ¿seguirá el Gobierno desconfiando de sus líneas de abastecimiento, cuando es evidente que está lejano el objetivo a alcanzar o comprenderá que es hora de que otras huestes también entren en acción?
Las líneas de abastecimiento son las que proveen a una buena estrategia los recursos necesarios de forma oportuna, y estos recursos no solo tienen que ser transportados sino obtenidos. En el caso de la lucha contra esta pandemia, hay que producir bienes y servicios para que este proceso dinamice la economía, evite la escasez y genere los sueldos y salarios que la población necesita.
Si hay flancos vulnerables en la estrategia que hemos venido desplegando son sin duda: la enorme informalidad que hemos dejado crecer a lo largo de décadas y la poca capacidad de nuestro Estado para actuar con eficiencia y oportunidad. Son estas debilidades las que no permiten llegar a todas las familias que requieren apoyo económico, las que hacen que las personas invadan los mercados sin orden ni control y que miles de viviendas no reúnan las condiciones mínimas para resguardar a las familias de la epidemia que las ataca.
Sin embargo, hay por suerte hoy en el Perú: en la minería, en la industria, en la construcción y en otros sectores, un frente conformado por empresarios y trabajadores que bajo el paraguas de la formalidad ha construido sistemas y controles de operaciones con altísimos estándares de seguridad, de salud ocupacional y de relaciones laborales entre sus actores; además de jornales superiores al promedio y con todos los beneficios sociales correspondientes. Es en este sentido que creemos que la industria formal es el mejor apoyo para el gobierno y el llamado a llenar no solo las líneas de abastecimiento, sino parte del vacío en el control de la epidemia que últimamente ha quedado evidenciado.
En el sector construcción hemos elaborado protocolos para nuestras operaciones; estamos adecuando nuestros exámenes médicos ocupacionales; venimos incorporando nuevos equipos de protección personal a los ya existentes y capacitando a nuestro personal técnico y obrero para encarar el reto con la mayor solvencia y profesionalismo.
Para ello, contamos con algunas ventajas que facilitarán significativamente el control: la totalidad de nuestro personal técnico y obrero hoy está formalmente empleado, registrado y bancarizado y cuenta con teléfono inteligente para ser usado ante cualquier eventualidad. Es decir, contribuimos con todo lo que está a nuestro alcance a fin de vencer juntos a esta pandemia que no solo viene matando peruanos sino empobreciéndolos y llevándolos de retorno a la informalidad.
Hace años que el Estado se apoya en la empresa privada, haciéndola agente recaudador de impuestos o controlador de operaciones sospechosas de lavado de activos, por ejemplo; en tal sentido, la confianza entre Estado y empresa privada debería darse con mayor naturalidad.
Sin embargo, vemos que el reinicio de las operaciones contempla procedimientos largos, burocráticos y lo que es peor: en algunos casos inviables. Esta situación no hará más que retrasar exageradamente el reinicio del trabajo, con la consecuente pérdida del efecto positivo que este reinicio traería.
En esta guerra -que como bien se ha dicho ganaremos todos juntos-, no podemos seguir perdiendo posiciones. De no iniciar de una vez el despliegue de la acción económica con lineamientos y protocolos razonables y factibles de aplicar, el país retrocederá varios de los años construidos con el esfuerzo de todos los peruanos.
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